
No hace falta floritura filosófica para comprender que la realidad jurídica del positivismo contemporáneo —en su conjunto neo-hartiano— se encuentra en una etapa de disrupción con la realidad; la realidad superó el Derecho y este, aún terco, sigue intentando justificar su inveterada —y arcaica— dura lex, sed lex. Algunos fieles acérrimos al dogma hartiano, podrían señalar que la frase «dura lex, sed lex» enerva una relación real entre este texto y la filosofía de Hart; empero, realizo una precisión vital en tanto a la definición que encuentro sobre positivismo: «que es el conjunto de normas que tiene una metodología procedimental». En lo que se difiere con Hart es en la falencia conceptual en cuanto a la bifurcación sobre derecho y moral; la moral, en una sociedad plural, es menester posicionarse y, sobre todo, en cuanto a lo que supone Derecho. ¡He ahí el problema! Pues, el positivismo no es que no pueda elegir un bando moral, es que directamente no se preocupa de este problema, dado que, el mismo Hart, extrapola un análisis hacia lo jurídico en tanto a lo moral y, no obstante, se olvida de hacerlo en sentido contrario. Si la cuestión moral ha de dividirse, ¿es realmente posible sostener que la validez normativa pueda determinarse sin presupuestos morales previos? Es de suma importancia recalcar que la oportunidad que brinda Hart de la discreción moral del juez no suscita como una opción epistémica, sino como una opción residual de la disgregación moral-derecho. No atribuyo a Hart una defensa de la obediencia acrítica a la ley; señalo, mas bien, que en su teoría la validez de una norma no depende de su contenido moral.
Pasando a la arquitectura de la ley, se estructura siempre en un a priori jurídico, pero el a posteriori constituye consecuencias morales. Como he señalado, la metodología implica normatividad y procedimientos; no obstante, habremos de divisar que la ley tiene un plano pragmático y, efectivamente, en ese terreno se manifiesta su cualidad moral; verbigracia: Se anuncia una ley sobre el aumento de la jornada laboral a cincuenta horas. La ley que fue aprobada, en primera instancia, ha de cumplir ciertos requisitos y burocracia jurídica (plano jurídico); la reverberación grupal de enojo de los trabajadores, entiéndase como una lesión de las expectativas morales conjuntas (plano pragmático). Aquí nos damos cuenta de algo esencial: la realidad positiva difiere de la realidad social relativa de cada país.
La moral no es un añadido eventual del Derecho; es el suelo sobre el cual éste actúa. Negarla en la teoría no la elimina en la práctica; solo vuelve ciega su operación.
Autor:
NICOLAS LOZADA CHIPANA
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